RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES
Dieciocho meses después de la ruptura de las conversaciones de paz entre su predecesor y el principal grupo insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Uribe emprendió un proceso de negociación que entraña altos riesgos y a la vez grandes beneficios potenciales con el principal grupo paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que pondrá a prueba tanto su capacidad como su buena fe.
El acuerdo suscrito el 15 de julio de 2003 luego de un “cese al fuego unilateral” de las AUC y de siete meses de conversaciones exploratorias de alta confidencialidad, marca el inicio de negociaciones formales cuya meta expresa es la desmovilización completa de las AUC a más tardar el 31 de diciembre de 2005. Este acuerdo es el primer avance logrado en más de un año de violencia escalonada.
La noticia fue recibida con una mezcla de esperanza y suspicacia. Los Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su apoyo al proceso de negociación, pero pusieron énfasis en que la desmovilización no debía producirse a expensas de la justicia. Varios analistas colombianos aplaudieron el beneficio potencial que traería el hecho de sacar del conflicto a uno de los grupos armados ilegales que más víctimas civiles ha causado, pero también advirtieron sobre las dificultades. Los grupos defensores de los derechos humanos, tanto colombianos como internacionales, criticaron duramente el acuerdo, pues temen que a las AUC no se les hará responsables de crímenes pasados y sospechan que no se les obligará a cumplir estrictamente el cese al fuego.
Existen muchos interrogantes sobre las razones que mueven a ambas partes a participar en el proceso de negociación y sobre su viabilidad en condiciones de guerra incesante. Hasta cierto punto, el gobierno de Uribe ha desvirtuado la razón principal de la existencia de los paramilitares al ampliar la presencia del Estado en el territorio nacional, y al fortalecer la capacidad del ejército para confrontar a los insurgentes. También ha incrementado la presión militar contra los paramilitares, al tiempo que los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países los han calificado de terroristas y han urgido a Uribe a poner término a los tradicionales vínculos entre militares y paramilitares. Los Estados Unidos han entablado procesos judiciales contra altos comandantes paramilitares por narcotráfico, y la política antinarcóticos del gobierno de Uribe ha comenzado a quebrantar su base económica.
Sin embargo, persiste la incertidumbre en cuanto a qué está realmente dispuesto el gobierno de Uribe a ofrecerles a los paramilitares para que depongan las armas. Existe el temor de que algunos sectores del gobierno y de las AUC no se consideren realmente adversarios; se piensa que, así como ciertos elementos de las estructuras de poder tradicionales del país quizá hayan auspiciado el surgimiento de los paramilitares, también ahora quieran utilizar las conversaciones de paz para exonerarlos políticamente y, por ende, legitimar su riqueza y su poder.
El presidente Uribe enfrenta dos grandes retos. El primero tiene que ver con la complejidad de desmovilizar y reinsertar a los paramilitares a la sociedad al tiempo que prosigue el conflicto entre los insurgentes y los paramilitares que se oponen al proceso, incluidos aspectos como proteger a los ex combatientes desmovilizados, verificar su adhesión al cese al fuego y mantenerlos alejados del narcotráfico.
A fin de impedir que los insurgentes ocupen regiones que antes estaban bajo el control de grupos paramilitares, es preciso que, junto con la desmovilización de los paramilitares, se extiendan la seguridad estatal y la presencia civil en el país. El gobierno de Uribe tendrá que tratar con todos los grupos paramilitares, y no sólo con las AUC, y deberá otorgar prioridad militar a combatir a los grupos disidentes que se nieguen a comprometerse con el cese al fuego y las negociaciones. Así mismo, como parte del proceso de desmovilización se debe intensificar la erradicación de los cultivos ilícitos bajo control paramilitar.
El segundo reto consiste en cerciorarse de que el gobierno no menoscabe su propia legitimidad y el Estado de derecho haciendo caso omiso de los crímenes cometidos por paramilitares.
Todos los combatientes paramilitares tendrán que ser sometidos a un escrutinio judicial para determinar su responsabilidad en delitos y crímenes serios, como masacres y secuestros. El peso de la ley deberá caer sobre quienes sean hallados culpables de tales crímenes, al tiempo que una comisión independiente de la verdad y la reconciliación deberá velar por los derechos de las víctimas de los paramilitares, a quienes también se les deberán resarcir los daños sufridos mediante un fondo especial de indemnizaciones, cuyos recursos se deriven en parte de los bienes producto del narcotráfico que se confisquen a los paramilitares.
Es de crucial importancia que el gobierno de Uribe demuestre la seriedad de sus intenciones manifiestas con respecto a los paramilitares. Si no logra la desmovilización y la reconciliación de una manera justa y con juicio de responsabilidades, incluyendo medidas contundentes para cortar los lazos entre los militares u otros miembros de las elites colombianas y los paramilitares, su credibilidad y su legitimidad se verán seriamente lesionadas, tanto a nivel nacional como internacional. Por el contrario, si logra sus metas podría contar con un gran apoyo político y financiero internacional para cumplir su cometido.
Son pocas las probabilidades de que este difícil proceso tenga éxito, pero sus potenciales beneficios hacen que valga la pena asumir el riesgo. Uno de estos beneficios sería demostrarles a los grupos insurgentes, a los que en algún momento también es preciso desarmar y reinsertar, que el gobierno actúa de buena fe aunque con determinación férrea. Sin embargo, la clave para evitar el fracaso y posibles repercusiones violentas es la transparencia durante el proceso.
1. Buscar establecer una sola mesa de negociación con todos los grupos paramilitares o, si esto no es posible, una mesa paralela con los grupos que no pertenecen a las AUC, y asignar la más alta prioridad militar a la captura o derrota de los grupos paramilitares que se nieguen a participar o incumplan el cese al fuego.
2. Fortalecer la capacidad del gobierno de instar la participación en el proceso de desmovilización y reinserción (DR) mediante el establecimiento de unidades policivas y fiscales especiales cuya función exclusiva sea arrestar y llevar a juicio a los paramilitares que se nieguen a cooperar –y a los miembros del ejército que los sigan apoyando–, y mediante un mayor apoyo y monitoreo a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
3. Encomendarle a una comisión de alto nivel la coordinación, como apoyo al Alto Comisionado de Paz, de todos los aspectos del proceso de DR, incluido un fondo de indemnización para las víctimas de grupos armados ilegales, que podría identificar y aprovechar bienes ilegalmente obtenidos por los paramilitares.
4. Garantizar la cooperación plena de las fuerzas armadas, la policía y los gobiernos locales y regionales en lo que respecta a la concentración de los combatientes paramilitares para su desmovilización en áreas cercanas a los lugares en donde solían operar sus grupos, que sean fáciles de proteger y se pueda acceder a ellas para el suministro de alimentos y otros artículos básicos.
5. Organizar una conferencia internacional con expertos gubernamentales y no gubernamentales cuyo tema central sean las lecciones extraídas de otros procesos de desmovilización y reinserción, incluidos los mecanismos de monitoreo y verificación internacionales, y solicitar apoyo internacional para la conferencia y para la conformación de equipos técnicos que le ayuden al gobierno a desarrollar sus planes de DR.
6. Nombrar una comisión presidencial de reconocidas personalidades colombianas e internacionales para que supervise e informe sobre las acciones emprendidas y las medidas que aún es preciso tomar para cortar los lazos entre las fuerzas armadas y los paramilitares.
7. Establecer una comisión de la verdad y la reconciliación para que documente y divulgue información sobre los abusos cometidos por todos los grupos armados irregulares.
8. Seguir fortaleciendo la presencia de la policía y las fuerzas armadas del gobierno, así como de las instituciones judiciales civiles, la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales en todo el territorio nacional, y revaluar el programa de soldados campesinos con base en sus metas y logros.
9. Seguir erradicando los cultivos ilícitos con énfasis especial en las regiones bajo control paramilitar, al tiempo que se implementan programas alternativos de desarrollo y de servicios sociales básicos en dichas regiones y en general en las zonas rurales.
10. Seguir buscando la facilitación de la ONU para comprometer a las organizaciones insurgentes en las conversaciones de paz, incluido un cese al fuego que ponga fin al asesinato y secuestro de civiles y al tráfico de drogas.
11. Cumplir a cabalidad el cese al fuego, entablar negociaciones, entregar a todos los combatientes menores de edad, cesar de inmediato el asesinato y secuestro de civiles y el tráfico de drogas, y liberar a todos los secuestrados que tengan en cautiverio.
12. Comprometer al gobierno en un diálogo regular sobre desmovilización y reinserción de los paramilitares, y sobre la necesidad de vincular este proceso con el inicio de negociaciones estructuradas con los insurgentes, y al mismo tiempo dejar en claro que no habrá apoyo financiero internacional sino cuando el gobierno haya demostrado su voluntad concreta de entablar acciones legales contra los principales líderes paramilitares y encarcelar a quienes sean hallados culpables de crímenes de lesa humanidad.
13. Una vez el gobierno haya tomado medidas para crear las unidades policivas y fiscales especiales, suministrar fondos complementarios, junto con las instituciones financieras internacionales (IFI), para apoyar:
(a) el diseño y la implementación del plan de DR;
(b) comisiones de la verdad y la reconciliación y de DR;
(c) programas de ayuda para los desplazados internos y las víctimas; y
(d) instituciones judiciales y carcelarias.
14. Los Estados Unidos deben suministrar al gobierno colombiano lo más rápida y completamente posible cualquier información que posean u obtengan sobre lazos entre los militares o civiles destacados y los grupos paramilitares, a fin de facilitar la toma de medidas apropiadas.
15. Los Estados Unidos y la Unión Europea deben congelar los activos y negar o revocar las visas de colombianos –y sus familiares– que apoyen o mantengan vínculos con grupos y líderes paramilitares que se nieguen a participar en el cese al fuego, las negociaciones y el proceso de DR.
16. Respetar el proceso de DR con los paramilitares y entablar a la mayor brevedad negociaciones de paz con el gobierno sobre las mismas bases.
A la comunidad empresarial colombiana:
17. Contribuir al proceso de DR ofreciendo oportunidades de empleo a combatientes desmovilizados que busquen integrarse al mercado laboral.
Bogotá/Bruselas, 16 de septiembre de 2003
